4 mar. 2006

La hoguera del miedo


El próximo 24 de marzo se cumplirá treinta años del Golpe que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez, Isabelita, en 1976. Es un aniversario que sirve para recordar una vez más a los desaparecidos, a los asesinados, a los torturados y exiliados. También es una oportunidad para señalar que la dictadura militar tuvo un plan para exterminar a la oposición que no sólo consistió en persecución y muerte, sino en la ejecución de una estrategia para el vaciamiento económico y cultural de la sociedad. En ese marco, una de las tantas atrocidades que cometieron los militares y sus cómplices civiles fue la quema de libros, una práctica que no comenzó en la Argentina del ’76, pero que, en el marco de una política represiva, fue para el Proceso una práctica “purificadora” del ser nacional. Pero también hubo otros fuegos los de quienes temían una represalia porque tener una biblioteca que los inquisidores podían calificar como “subversiva”. Los incineradores y pequeñas fogatas, inodoros y pozos ciegos fueron destino de la literatura y la prensa que podía servir como pretexto para un operativo de un grupo de tareas. También el enterramiento de libros sirvió con igual objetivo. Con la democracia los hijos de aquellos jóvenes lectores de los setenta se enteraron que aún estaban escondidas aquellas bolsas con los ejemplares olvidados junto a la higuera del fondo de la casa. Destruidos por la humedad o convertidos en cenizas, los libros vuelven a las bibliotecas como los cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte.
El investigador venezolano Fernando Báez enumeró en su Historia universal de la destrucción de libros las mil y un formas que los poderes de turno, en todas las épocas, se las ingeniaron para eliminar cuanta literatura creían contraria a sus intereses. Una forma de asesinar a la memoria colectiva mediante la quema de libros y la destrucción de bibliotecas. Báez explica que el Holocausto Judío durante la Segunda Guerra Mundial “tuvo su equivalente” en un “bibliocausto” en el que “millares de libros fueron destruidos por el mismo régimen. Entender cómo se gesto puede permitirnos comprender que Heinrich Heine tenía razón cuando escribió proféticamente: ‘donde los libros son quemados, al final también son quemados los hombres’. La destrucción de libros de 1933 fue, a mi juicio, apenas un prólogo a la matanza que vendría después. Las hogueras de libros fueron las que inspiraron los hornos crematorios...”. El 10 de mayo de 1933 frente a la Universidad Friedrich-Wilhelm, en Berlín, ardían las fogatas con libros considerados por el nazismo como “degenerados” y “anti-alemanes”. Joseph Goebbels arengaba a los jóvenes que arrojaban libros a la pira.
El clima político y social en la Argentina se volvió enrarecido y cada vez más pesado con la aparición de la Triple A, la banda parapolicial que comandó José López Rega, ministro de Bienestar Social del gobierno justicialista y ex secretario privado de Juan Domingo Perón. A comienzos de la década del setenta la guerrilla en sus diversas variantes crecía con la movilización de la sociedad que impuso la salida del régimen militar y la vuelta de Perón al poder. En primera instancia con la victoria del Frejuli en 1973, con la presidencia de Héctor J. Cámpora -El Tío- y poco después con las elecciones que ganó la fórmula que encabezó el jefe justicialista junto a su mujer. La espiral de violencia aumentó con la muerte de Perón. La debilidad del gobierno y la espera de un nuevo Golpe de estado era cuestión de tiempo para todos los analistas.

Eudeba, botín de guerra
La cultura fue un lugar donde la derecha peleó cada lugar de poder. Un ejemplo es el caso de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeba. El 25 de mayo de 1973 fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Rodolfo Puiggrós, quien nombró como presidente del Directorio al escritor Arturo Jauretche y como director al periodista Rogelio García Lupo, fundador de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. El autor de El medio pelo en la sociedad argentina falleció el 25 de mayo de 1974 y García Lupo renunció cuatro meses después.
García Lupo reconoce que “sabíamos que íbamos a tener muchos problemas. Pensábamos que iba a haber discusiones por los proyectos editoriales pero no agresiones físicas.” El proyecto editorial de coyuntura consistió en la publicación de cuatro libros que se vendía a 20 pesos: La Revolución Chilena, por Salvador Allende; la Revolución Peruana, por el general Velasco Alvardo; la Revolución Peronista, por Héctor J. Cámpora y La Batalla de Panamá, por el general Omar Torrijos. Se vendieron sesenta mil ejemplares en casi cuatro meses. Entre tanto, trabajábamos en el proyecto de fondo que consistía en la edición de las obras completas de Leopoldo Lugones, que era una figura que les servía a todos, a los anarquistas, a los fascistas, a los nacionalistas; Carlos Astrada, un filósofo marxista y Manuel Ugarte, quien era muy representativo de la intelectualidad procedente del socialismo que había desembocado en el primer gobierno de Perón. Pero tuvimos amenazas cuando anunciamos el plan editorial. Al tiempo decidimos irnos porque la presión era insoportable. Pero ocurrió una cosa insólita. Teníamos la idea de hacer la revisión de la obra de Lugones de manera cronológica. Empezar por el Lugones anarquista y seguir con el socialista. Un día me llamó el abogado Valentín Thiebaut, el nuevo director ejecutivo ya con el ultraderechista Alberto Ottalagano como interventor de la UBA, y me dice: ‘tengo un problema. No puedo cumplir con el contrato de Lugones si empezamos por la etapa en la que estaba a la izquierda... ¿No podemos arrancar en la que se hizo fascista..?’”
En julio de 1974 un grupo comando entró al taller gráfico donde Eudeba imprimía parte de sus libros al grito de “¿Dónde está El marxismo de Lefevbre? Antes que el imprentero Polosecki pudiera dar una respuesta prendieron fuego un sector pero en el apuro los asaltantes se equivocaron de libro y quemaron uno técnico de la editorial Nueva Visión. “Ese era el clima que vivíamos, una locura total. Pero empezaron las amenazas de bombas y le pedí al subjefe de policía que investigara el tema. Me llamó a los tres días y me dijo: ‘tengo la clave, hay un individuo que se reúne con parte del personal en un restaurante, El Tirol, para organizar el clima de violencia. El problema es que no lo podemos detener porque es el Jefe de Policía de la provincia de San Juan’...”, agregó el periodista.
El régimen militar designó en julio de 1976 al socialista Luis Pan como director ejecutivo de Eudeba, quien le entregó al Comando del Cuerpo Primero del Ejército parte del fondo editorial con los libros censurados. El 27 de febrero el teniente primero Xifra dirigió el operativo que terminó con la quema de casi noventa mil volúmenes en el predio de Palermo. Rogelio García Lupo recuerda que vio cuando los soldados cargaban los camiones con los ejemplares de su gestión. “Pan fue quien llamó al Ejército y puso en sus manos toda esa ‘literatura pecaminosa’. El temía que alguien dijera ‘pero este Pan también es socialista...’ Con esa operación compró protección, fue como una prueba de amor”.

El fuego purificador y la autocensura
La práctica piromaníaca tiene numerosos ejemplos. En Córdoba el interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, en 1976, sacó de la biblioteca y mandó a incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda y Julio Godio, entre otros. En la misma provincia, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Jorge Eduardo Gorleri (luego ascendido a general por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín), exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el patio de la unidad militar, avivada por libros de León Trotsky, Mao Tse-Tung, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro Editor de América Latina (CEAL) que robó de las bibliotecas y librerías.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, La Vigil, una institución que tenía tres mil alumnos, 20 mil socios y 650 empleados, con una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. También editó más de 90 títulos con dos millones de ejemplares. El 25 de febrero de 1977, fue intervenida mediante el decreto nº 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva fueron detenidos ilegalmente, su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortíz.
El periodista y escritor Mempo Giardinelli también sufrió las consecuencias de la pasión ignífuga dictatorial: “En los mismos días en que se produjo el golpe, la Editorial Losada planeaba lanzar mi primera novela, pero obviamente decidieron retenerla en bodegas y no se atrevían a distribuirla. Con muchos otros libros sucedió lo mismo. Hasta que una noche de comienzos de junio, por vaya a saber qué rutina o denuncia (si es que entonces eran cosas diferentes) cayó el Ejército a la editorial. El allanamiento incluyó la quema de libros, entre ellos el mío y una novela de Eduardo Mignogna y otra, creo, de Ricardo Piglia”, describió en una nota para el diario Página/12 en 2004. El caso de Enrique Medina es paradigmático: “El golpe de Estado de 1976 confirmó la prohibición de los libros ya censurados del autor y lo extendió a cuanto texto suyo aparecía. Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes”, según Hernán Invernizzi y Judith Gociol en la investigación Un golpe a los libros. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las Tumbas, como Sólo ángeles cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior. También le decomisaron Olimpo, de Blas Matamorro, por un decreto del PEN. Ante el reclamo de Pampín, el capitán Carlos Carpintero le respondió: “de los libros, olvidate”. Ya en 1978 las autoridades retuvieron en la aduana Evita, una biografía de Marysa Navarro que más tarde pudo ingresar al país por la intervención de Dardo Cúneo, por entonces presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
Hubo editores que decidieron destruir por decisión propia los libros que eran prohibidos. Es el caso de Editorial Granica, fundada por Juan Granica, que por esos años era una casa “que difundía el pensamiento de avanzada en el área de humanidades, ciencias sociales, política y sobre todo psicología... Varios de los libros de sello fueron prohibidos. Entre ellos: La pasión según Trelew, Tomás Eloy Martínez que fue uno de los primeros títulos de los que la propia editorial decidió deshacerse. Esa es la cara más perversa del terror: ya no los libros que el régimen quemaba sino que los eliminaban por propia decisión”, describen Gociol e Invernizzi. De la imprenta a la fábrica de papel fueron por lo menos diez títulos, no menos de 20.000 volúmenes, entre ellos Correspondencia Perón-Cooke.
La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio “por publicación y venta de material subversivo”. El fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí. Testigos de la quema fueron la profesora Amanda Toubés, directora de la colección La enciclopedia del mundo joven y Ricardo Figueira, director de colecciones del CEAL y autor de las fotografías de aquel 26 de junio de 1978. En 2005 ambos recordaban el clima de aquellos años para un artículo que Aníbal Ford escribió en la revista Lezama: Toubés relata que ”’en ese momento nuestra mente estaba todavía en el asesinato de Daniel Luaces, en su escritorio vacío. Tantos otros llantos, tantas cosas de las que nos íbamos enterando día a día... que tal vez lo vivimos sólo con una gran tristeza pero también como parte de nuestra cotidianeidad’. Algo de esto retoma Ricardo Figueira, que casi minimiza el hecho. ‘Lo que era vivir cotidianamente, día a día, con el culo a cuatro manos y dando varias vueltas a la casa antes de entrar’”. Para Ford “esa hoguera de libros argentinos provocó un vacío, un hueco, en la transmisión y en la construcción cultural que todavía no ha sido reparado”.
Otro de los editores perseguidos fue Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor, quien junto a su mujer Kuki Miler fue detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante 127 días. Primero fue la censura del libro infantil Cinco dedos. Luego, ya en la cárcel, se enteró de la prohibición de Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro. Divinsky hoy recuerda que trabajar en esa época “era como caminar por la cuerda floja. La prohibición a De la Flor pretendió ser, de alguna manera, una medida ejemplificadora porque se trataba de una editorial independiente. Cuando pasó todo y volvimos del exilio cada día que llegaba a la oficina daba una vuelta a la manzana para ver si había algún patrullero.”
- ¿La sociedad era conciente de lo que pasaba?
- No se puede hablar de la sociedad como una unidad ni sacar un promedio estadístico. Los sectores esclarecidos estaban enterados, los más ingenuos lo hicieron de a poco y a los acuciados por necesidades más urgentes el tema les resultaba indiferente, reflexiona Divinsky.
Desde finales de los sesenta Siglo XXI fue una de las casas editoriales más influyentes en el pensamiento latinoamericano. Con casas en España y México, la sede de Buenos Aires tenía una enorme influencia. Editaba Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano; todos los libros del pedagogo Paulo Freire, entre otros. El 2 de abril de 1976 un grupo de tareas allanó las oficinas de Perú 952 y secuestró al jefe de correctores Jorge Tula y al gerente de ventas Alberto Díaz. El sello fue clausurado y vuelto a abrir hasta que la casa matriz decidió levantar la sede porteña. “Pasado un mes devolvieron la editorial. Robaron todo lo que quisieron. Desde el registro de accionistas hasta adornos, pasando por dinero, máquinas de escribir, ceniceros. El encargado de devolver la editorial fue el mayor del Iº Cuerpo de Ejército”, escribió quien fue su gerente administrativo, Norberto Pérez, veinte años después en Página/12. Pasaron treinta años de aquel hecho y hoy Alberto Díaz es director editorial del grupo Planeta. “Era muy jodido y triste trabajar en ese ambiente en el que desaparecían correctores, traductores y amigos. Otros se exiliaban o se iban al Interior, o eran detenidos. Pero seguíamos trabajando. ¿Por qué? Es algo inexplicable porque el golpe se veía venir pero estabas como anestesiado. Yo estuve desaparecido un mes y pico y cuando me largan ya me habían cesanteado de la Universidad y volví a Siglo XXI. Me tenía que ganar la vida y no se me ocurría irme. Después de un segundo aviso partí rumbo a Colombia el 24 de agosto del ‘76.
-¿Qué sentimiento le produce este recuerdo?
- Es como si estuviera contando un libro de historia. Ya no recuerdo como era mi rostro, pero sí de la cara del poeta Miguel Angel Bustos. Lo tengo congelado con un rostro joven. Ya no me acompañan las imágenes de la detención porque sabes que muchos de los detenidos nunca volvieron, entonces tenes una especie de culpa del sobreviviente.

Ceremonias privadas
También hubo otras quemas de libros que hicieron las víctimas de la represión. No era necesario ser militante ni pertenecer a una organización política. El hecho de tener libros considerados “subversivos” o “inmorales” era peligroso. “La destrucción, el ocultamiento y el enterramiento de libros desde 1974 hizo que las bibliotecas se vayan despoblando. Otro fenómeno que desapareció fue la lectura en los medios públicos de transporte porque el libro te hacía caer bajo sospecha, sos distinto al resto de la sociedad que no lo tiene”, reflexiona Alberto Díaz, quien incineró algunos libros del Ché como Guerra de Guerrillas, periódicos del PRT-La Verdad (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y revistas como Crisis y Militancia.
Otro ejemplo de cómo se vivía el día a día durante el Proceso lo señala el periodista Héctor Corti: “Era el año 1977 y hacía poco había desaparecido una amiga y un primo tuvo que salir del país por la represión. A mi me habían dado la baja del servicio militar y una noche hubo un operativo en mi barrio, Aldo Bonzo, del Gran Buenos Aires. Efectivos del Regimiento IIIº de La Tablada rodearon la manzana de mi casa. Ordenaron a los vecinos que cerraran las ventanas y poco después se fueron. ‘Fue un ejercicio’ explicaron más tarde, pero en ese momento decidí quemar la colección de Eudeba sobre Allende, Cámpora, Velasco Alvarado y Torrijos junto a ejemplares de la Biblioteca Marxista y la revista El Descamisado (que editaba Montoneros, la izquierda peronista). Tenía todo escondido en un baúl. Una mañana prendí el fuego y terminaron cenizas. En medio de la bronca y el dolor, respiré tranquilo”.
La escritora Ana María Shua regresa a los días de marzo del 76: “Mi marido y yo no militábamos, pero éramos de izquierda y muchos de nuestros amigos y conocidos desaparecían o se escapaban del país o pasaban a la clandestinidad. Sabíamos que había libros “peligrosos”: todo lo que tuviera marxismo o la idea de la revolución social. Pero además tenía muchos libros que había traído de Cuba en el ‘74. ¿Por dónde empezar? Empezamos por un libro de Vo Nguyen Giap, sobre la Guerra de Vietnam. El intento, en la pileta de la cocina, fue un triste fracaso. No es tan fácil quemar un libro en un departamento de tres ambientes. Decidimos que si entraba un grupo de tareas, daba lo mismo que hubiera este libro o aquel: lo peligroso, lo que nos denunciaba como enemigos era tener una bibliotecas. Y abandonamos la idea de quemar libros. Alicia Duvjovne Ortiz en su libro Las perlas rojas recuerda las fogatas que se encendían en esa época en las azoteas, en los patiecitos. Teníamos miedo, mucho miedo.”
-¿Hubo un plan para desmantelar la cultura?
- Sí, hubo un plan más o menos organizado y sin duda una elite civil asesoraba a los militares. No hay que dejarse engañar por cientas prohibiciones aparentemente disparatadas o risibles: la censura actuó en forma eficiente y económica, como lo señaló el poeta y periodista Jorge Aulicino: “la censura fue un correlato de la guerra sucia. Fundada, desde luego, en una visión del mundo, no se equivocó al medir con excesiva puntillosidad la obscenidad de un texto o su poder disolvente. No importaba equivocarse con una obra o dos. Lo importante era convertir el hecho de escribir o pintar o filmar en un terreno peligroso. La censura también fue terrorismo de Estado”, asegura la escritora.
Hernán Invernizzi coincide con Shua que hubo un plan sistemático y agrega que “eso no significa que se trataba sólo de un plan de destrucción. Era un proyecto de control, censura y producción de cultura tanto en la educación como en la cultura y la comunicación. Es un error creer que los militares son todos brutos. Un error grave. Se trata de una imagen que ellos mismos alimentaron para que no se tuviera en cuenta su capacidad de producción técnica, cultural y científica con la cual, naturalmente, uno no coincide. Pero una cosa es no coincidir y otra negar la capacidad del otro. Los intelectuales civiles fueron una parta activa e importante de la dictadura, fueron socios en un mismo proyecto.”

Marcelo Massarino
Periodista.

Foto: Gentileza de Ricardo Figueira
Una versión reducida está publicada en Revista Sudestada, edición nº 46, marzo 2006.

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